Hay historias en las que una persona puede perder su libertad sin haber comprendido siquiera cómo terminó involucrada en una investigación penal. Esta es una de ellas.
Para proteger la identidad de las personas involucradas, utilizaremos nombres ficticios e iniciales. Livia S. (nombre real protegido) tenía apenas 22 años cuando su vida dio un giro inesperado. Madre soltera, dedicada a sus hijos y acostumbrada a buscar distintas maneras de conseguir ingresos adicionales para su hogar, mantenía una amistad con Karen H., una joven de 23 años que vivía a pocas casas de su domicilio. Ambas solían compartir salidas, compras y momentos de distracción. Una amistad aparentemente ordinaria, que terminaría colocándola en el centro de una investigación penal de enorme gravedad.
El 31 de octubre de 2024, mientras las autoridades investigaban un robo bajo la modalidad conocida como sacapintas, ocurrido en el sector de Los Rosales, al norte de Guayaquil, los agentes policiales seguían el rastro de un vehículo presuntamente utilizado en ese hecho. La investigación, apoyada en cámaras de videovigilancia, permitió rastrear sus desplazamientos hasta ubicarlo en el suroeste de la ciudad.
Aquella misma noche, Karen invitó a Livia a compartir unas cervezas en las inmediaciones de su domicilio. Era una reunión informal entre jóvenes del vecindario, en un callejón de escasa circulación vehicular. Livia acudió acompañada de sus dos hijos pequeños. Con el paso de las horas, algunas de las asistentes se retiraron y otras ingresaron a sus viviendas. Una de ellas incluso se llevó a una de las niñas para que pudiera descansar junto a su hija. Livia permaneció con su hijo menor, de aproximadamente cinco años, quien terminó quedándose dormido. Ante ello, Karen le ofreció permitirle dejarlo descansando dentro de su vivienda mientras ambas continuaban conversando y compartiendo.
Lo que ninguna de ellas esperaba era que el vehículo que las autoridades buscaban se encontrara estacionado precisamente frente a aquella casa.
De pronto, aproximadamente siete agentes policiales llegaron al lugar. El operativo estaba relacionado con la investigación del robo y el vehículo que había sido rastreado durante toda la jornada. Al percatarse de la intervención policial, Livia se preocupó por su pequeño hijo, que se encontraba dormido en el interior del inmueble, e intentó ingresar para verificar que estuviera bien. Sin embargo, fue neutralizada por uno de los agentes.
A partir de ese momento comenzó una intervención policial que cambiaría su vida. Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron una lonchera escolar que contenía un arma de fuego tipo Glock. Posteriormente, también localizaron una subametralladora, municiones y otros elementos relacionados con armas de fuego.
La pareja sentimental de Karen, a quien identificaremos como Leonardo G., era la persona que, según las investigaciones, habría participado en el robo que originó el operativo. Sin embargo, no se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes policiales.
Livia no había sido investigada por aquel robo, ni se le atribuía participación directa en ese hecho. No obstante, terminó detenida junto con Karen y ambas fueron procesadas por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, previsto en la legislación penal ecuatoriana.
En la audiencia de formulación de cargos, Livia contó inicialmente con asistencia de la Defensoría Pública. Se dictó prisión preventiva y fue trasladada a un centro de privación de libertad. Una joven madre que había salido a compartir unas cervezas con una amiga terminó enfrentándose a una acusación penal de extraordinaria gravedad, lejos de sus hijos y de su hogar.
Fue entonces cuando asumimos su defensa técnica.
Desde el primer momento advertimos que la teoría de Fiscalía presentaba interrogantes que debían ser investigados y aclarados. No bastaba con encontrar armas dentro de una vivienda para atribuir automáticamente su tenencia, posesión o tráfico a todas las personas que se encontraban circunstancialmente en ella.
Por ello, impulsamos una serie de diligencias destinadas a esclarecer los hechos: solicitamos el cotejamiento de huellas dactilares sobre las evidencias, el reconocimiento de los objetos incautados, la obtención de información sobre antecedentes y registros relevantes, la revisión de cámaras de videovigilancia y la explotación de dispositivos electrónicos para recuperar información, audios y videos que permitieran reconstruir las circunstancias reales de aquella noche.
Nuestra hipótesis defensiva era clara: la presencia de Livia en ese lugar no demostraba que conociera la existencia de las armas, mucho menos que tuviera dominio sobre ellas o que participara en alguna actividad ilícita relacionada con su tráfico.
Uno de los puntos más importantes de la investigación fue una afirmación realizada por una agente policial. Según su versión libre y voluntaria, durante el momento en que neutralizó a Livia, esta habría arrojado un objeto hacia el interior de la vivienda, intentando ocultarlo. La agente sostuvo que aquel objeto sería precisamente la lonchera en cuyo interior se encontró el arma de fuego.
Pero existía un problema fundamental: esa afirmación no encontraba respaldo suficiente en las demás versiones policiales. Ninguno de los otros agentes que participaron en el operativo confirmó de manera coincidente aquella supuesta acción. Tampoco se había logrado establecer, mediante elementos objetivos, que Livia hubiera manipulado la lonchera o el arma encontrada en su interior.
La diferencia entre lo que un agente afirma haber observado y aquello que efectivamente puede demostrarse en un proceso penal es trascendental. Una sospecha no puede sustituir a una prueba, y una percepción individual no puede convertirse, por sí sola, en fundamento suficiente para destruir la presunción de inocencia.
Durante la instrucción fiscal agotamos los esfuerzos para obtener un pronunciamiento abstentivo. Sin embargo, la Fiscalía terminó emitiendo dictamen acusatorio, por lo que debimos continuar la defensa en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. En aquella audiencia presentamos las objeciones correspondientes a los elementos de convicción y cuestionamos las deficiencias de la investigación. Pese a ello, el juzgador dispuso el llamamiento a juicio.
Lejos de detenernos, continuamos preparando la estrategia para la audiencia de juzgamiento.
En juicio, Fiscalía reprodujo los elementos que había incorporado a su acusación. Sin embargo, la defensa técnica examinó cada uno de ellos y puso en evidencia sus limitaciones. Las diligencias relacionadas con el cotejamiento de huellas no habían sido correctamente encaminadas, pues no se había proporcionado a los peritos la información necesaria para practicar adecuadamente la comparación con la persona investigada. La explotación de los dispositivos electrónicos tampoco había permitido obtener y acreditar debidamente los mensajes y comunicaciones que podían corroborar las circunstancias de la invitación que llevó a Livia hasta aquel domicilio.
En otras palabras, diligencias que podían contribuir a esclarecer los hechos no fueron ejecutadas o aprovechadas de manera adecuada por la acusación.
Pero el momento decisivo llegó durante el contrainterrogatorio de la agente policial que había señalado que Livia arrojó la lonchera.
La defensa puso a prueba aquella afirmación, examinó las circunstancias en las que supuestamente ocurrió el hecho y evidenció que no existía una forma objetiva de demostrar que Livia hubiera realizado aquella acción. La acusación descansaba, en uno de sus puntos más importantes, sobre la apreciación individual de una agente, sin corroboración suficiente de los demás participantes del operativo ni respaldo material que permitiera confirmar lo afirmado.
Así, lo que inicialmente parecía una investigación contundente por el hallazgo de armas dentro de una vivienda terminó revelando una acusación con importantes vacíos probatorios respecto de la participación individual de nuestra defendida.
La defensa insistió en una cuestión elemental, pero muchas veces olvidada en los procesos penales: no se juzga a una persona por el lugar donde se encuentra, por las amistades que mantiene o por las conductas que presuntamente hayan cometido terceros. Se juzga su propia participación y esta debe demostrarse mediante prueba legal, suficiente y practicada conforme a las garantías del debido proceso.
Finalmente, después de escuchar los argumentos de las partes y valorar los elementos practicados en juicio, el juzgador acogió los planteamientos de la defensa técnica, al advertir que la Fiscalía no había logrado demostrar de manera suficiente la responsabilidad penal de Livia S.
El resultado fue una sentencia absolutoria y la ratificación de su estado constitucional de inocencia.
Livia pudo recuperar algo que durante meses pareció imposible: la oportunidad de regresar a su vida, a su hogar y, especialmente, a sus hijos.
Este caso deja una enseñanza que trasciende el resultado judicial. La justicia penal no puede construirse sobre asociaciones, coincidencias o presunciones. Encontrarse en una vivienda donde se descubren armas no convierte automáticamente a una persona en responsable de un delito. Ser amiga de alguien investigado tampoco. Y mucho menos puede exigirse a una persona que demuestre su inocencia cuando es el Estado quien tiene la obligación de probar su culpabilidad.
La presunción de inocencia no es una frase decorativa de la Constitución. Es una garantía que debe hacerse efectiva, especialmente cuando la libertad de una persona está en juego.
En Villacrés & Lara Abogados creemos que una defensa penal no consiste únicamente en comparecer a las audiencias o presentar escritos. Consiste en investigar, cuestionar, contrastar, interrogar y exigir que cada afirmación de la acusación tenga un respaldo probatorio real.
Porque detrás de cada expediente existe una persona, una familia y una vida que no pueden quedar a merced de las suposiciones.
