El objetivo es simple: los jueces no pueden fallar en contra del Estado ecuatoriano, de lo contrario estarían fuera de la Función. No importa si la otra parte tenía la razón y si lo justo fuese fallar en contra del Estado; los jueces lo tenían prohibido so pena de persecusión y destitución. Todo esto ocurría en la denominada "década ganada" en la que Rafael Correa construyó una nueva justicia: no más justa, sino más controlada por él.
Uno de los principios de los Estados modernos es la separación de poderes, es decir, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo pueden meter mano o ejercer influencias en las decisiones judiciales. En todos los países han existido casos de quebrantamiento de este principio por debajo de la mesa, sin embargo, en el caso del error inexcusable en Ecuador se lo hacía a vista y paciencia de todo el país de la forma más descarada.
¿El culpable? Tenemos una Función Judicial secuestrada. Se supone que esta función (poder) del Estado debe estar en manos de los administradores de Justicia, sin embargo, los que hacen y deshacen todo en esta función son aquellos que conforman el Consejo de la Judicatura, un órgano no jurisdiccional, no auxiliar, no autónomo, sino administrativo/disciplinario que es dirigido por los intereses del gobierno ecuatoriano (Ejecutivo).
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