1835: Nace la república ecuatoriana

Desde que era un estudiante de primaria se me enseñó que el Ecuador existe a partir de 1830, cuando se separó de la Gran Colombia y rápidamente se escogió al general Juan José Flores, quién no nació en esta tierra sino en tierras venezolanas, como el primer presidente. Desde aquel entonces, la República existe y ha pasado por varias épocas republicanas que han formado la realidad actual: floreanismo, marcismo, garcianismo, alfarismo, plutocracia, dictaduras militares, retorno a la democracia, inestabilidad política (1996-2007) y las disputas políticas de la actualidad.



Flores en el primer Congreso Constituyente.

Sin embargo, las simplismos a la hora de revisar la historia dejan huecos que bien pueden aprovechar los nacionalistas chovinistas enfermos para crear un mundo de fantasía y empezar a propagar una mentira que, conforme va pasando los años, las personas empiezan a considerar como verdad.

Primero debemos aclarar que nunca existió tal cosa llamada Gran Colombia. El término «Gran Colombia» es la forma con la que la historiografía trata de diferenciar a la República de Colombia de aquella época -que consistía de la unión de Venezuela, Nueva Granada (incluído el territorio de Panamá) y Ecuador- de la actual República de Colombia -que no es otra que la misma Nueva Granada de aquella época que se rebautizó conmemorando a la antigua nación bolivariana-. 

A manera de resumen tenemos que Guayaquil se independizó en 1820 estableciéndose como un estado autónoma a esperas que el resto de la Audiencia de Quito estuviera fuera del dominio español. Las fuerzas colombianas -enviadas por Bolívar y comandadas por Sucre- llegaron a Guayaquil fusionándose con el ejército guayaquileño y encaminándose hacia la serranía en la llamada Campaña del Sur. La guerra concluyó en 1822 tras la victoria independentista en la Batalla de Pichincha. Quito y Cuenca se incorporaron a Colombia, Guayaquil se negó pero Bolívar invadió la ciudad, declarándose dictador y anexando el estado guayaquileño a Colombia. 


Da mihi factum, dabo tibi ius


Uno de las frases que suelen utilizar los profesores de Derecho a la hora de explicar sobre los conocimientos que deben tener los jueces es: «Dame los hechos y te daré el derecho». Inmediatamente asociamos esto dicho al concepto que nos da otro brocardo latino: Iura nobit curia (el juez sabe de Derecho).

Sin embargo, aunque ambos conceptos expresan que los conocimientos del juzgador son vastos y suficientes para encaminar por su cuenta el proceso, la verdad es que ambos deben ser usados con sumo cuidado.

A menudo resulta que los abogados no quieren molestarse en establecer los fundamentos de Derecho en los que se basan sus actos de proposición (demandas) argumentando que es irrelevante debido a que el juez sabe de Derecho. Sin embargo, aunque el juez sepa de Derecho, por imperativo legal los abogados estamos obligados a establecer los fundamentos de nuestros actos de proposición.

Error inexcusable

El error inexcusable es una figura impuesta por el Código Orgánico de la Función Judicial para que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar y -específicamente- destituir jueces cuando estos hayan resuelto fallar en contra de los intereses del Estado (o del gobierno).

El objetivo es simple: los jueces no pueden fallar en contra del Estado ecuatoriano, de lo contrario estarían fuera de la Función. No importa si la otra parte tenía la razón y si lo justo fuese fallar en contra del Estado; los jueces lo tenían prohibido so pena de persecusión y destitución. Todo esto ocurría en la denominada "década ganada" en la que Rafael Correa construyó una nueva justicia: no más justa, sino más controlada por él.

Uno de los principios de los Estados modernos es la separación de poderes, es decir, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo pueden meter mano o ejercer influencias en las decisiones judiciales. En todos los países han existido casos de quebrantamiento de este principio por debajo de la mesa, sin embargo, en el caso del error inexcusable en Ecuador se lo hacía a vista y paciencia de todo el país de la forma más descarada.

¿El culpable? Tenemos una Función Judicial secuestrada. Se supone que esta función (poder) del Estado debe estar en manos de los administradores de Justicia, sin embargo, los que hacen y deshacen todo en esta función son aquellos que conforman el Consejo de la Judicatura, un órgano no jurisdiccional, no auxiliar, no autónomo, sino administrativo/disciplinario que es dirigido por los intereses del gobierno ecuatoriano (Ejecutivo).